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Corte Suprema confirma condena de Cristina Kirchner a prisión por corrupción

Buenos Aires, Argentina — La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. La decisión marca un precedente histórico en la política argentina y valida el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2, emitido en 2022.
La Corte adoptó la decisión por unanimidad entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron las apelaciones de la defensa de la exmandataria y de otros condenados en el mismo caso. Los magistrados concluyeron que las sentencias anteriores estaban basadas en pruebas sólidas y respetaron las garantías constitucionales durante el proceso.
Cristina Kirchner, quien ya no podrá postularse en las próximas elecciones, fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este fallo incluye el decomiso de más de 84,000 millones de pesos argentinos, que serán devueltos al Estado.
La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de contratos de obras públicas para la construcción de 51 proyectos en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. La firma Austral Construcciones, vinculada a Lázaro Báez, fue la principal beneficiada, recibiendo contratos sin competencia real.
Con más de 70 años de edad, es probable que Kirchner pueda solicitar el arresto domiciliario en lugar de cumplir su condena en prisión. Además, la Corte señaló que todos los reclamantes de la defensa no pudieron demostrar arbitrariedades en las decisiones judiciales previas.
En reacción a la decisión, varios líderes políticos, incluidos intendentes y miembros del Partido Justicialista, expresaron su apoyo a Kirchner, criticando la sentencia como un intento de proscripción política. La exmandataria, en un discurso ante sus seguidores, manifestó que el sistema judicial estaba siendo utilizado para limitar la voluntad popular en Argentina.
La Corte reafirmó que la condena se fundamenta en el debido proceso y se ergió como defensor de la democracia y la legislación vigente en su fallo: “Las penas impuestas son medidas que tutelan nuestro sistema republicano”.